Una compleja maniobra de blanqueo de deudas impositivas -inmobiliarias y del registro automotor-, en perjuicio del Estado bonaerense valuada en 7 millones de pesos, será ventilada en audiencia oral y pública. Así lo dispuso ayer el juez de Garantías nº 3 de La Plata, Néstor De Aspro, al elevar a juicio la causa seguida a cinco agentes de la ex dirección Provincial de Rentas imputados por el delito de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La resolución judicial que consta de 143 fojas recayó sobre la ex jefa del área Títulos de Rentas Adriana Elizabeth Nociti y los empleados Andrés Berro, Juan Carlos Bruno, Juan José Pasquarelli y Jorge Daniel Cerdá, acusados del mismo delito que Nociti, pero como partícipes necesarios. En el caso de Pasquarelli se consideró que cometió ese delito en grado de tentativa.

Así, el juez De Aspro convalidó el requerimiento de elevación a juicio efectuado a fines de enero por los fiscales de Delitos Complejos Esteban Lombardo y Ariel Argüero.

La causa se inició en abril de 2004 por una denuncia realizada por la doctora Mónica Carné en su carácter de jueza y presidenta del Tribunal Fiscal provincial y por entonces directora adjunta de Rentas.

En la denuncia se indicó que en el departamento de Cobro Prejudicial y Coactivo del organismo recaudador, entre noviembre de 2003 y abril de 2004, se habrían emitido y cancelado títulos ejecutivos referentes a deudas que distintos contribuyentes tenían, produciendo el borrado de las mismas en concepto de ingresos brutos, inmobiliario y patente de automotores, con la autorización de las claves de acceso al sistema de funcionarios y empleados del citado departamento.

Blanqueo exprés
En una de las operatorias acreditadas, se determinó que una deuda a un contribuyente de Mar del Plata, vinculado a una empresa pesquera y a una firma de remolcadoras de barcos, quedó saldada en el sistema informático en apenas unas horas.

En rigor, según se constató en la causa penal, el procedimiento es mucho más extenso. Primero se debió intimar al moroso a través de un expediente y, vencido el plazo, se habría librado el título ejecutivo de cobro en el sistema informático, para enviar luego las actuaciones a la Fiscalía de Estado, que es el órgano encargado de iniciar el juicio de apremio en el fuero civil.

Y si en ese marco el contribuyente pagaba la deuda determinada por el fallo judicial, más costas y honorarios, se emitía la cancelación del título ejecutivo.

Sin embargo, hubo casos donde todas esas instancias y trámites fueron salteados.

El juez De Aspro consideró que la jefa y sus cuatro empleados habrían emitido y cancelado títulos ejecutivos, en la mayoría de los casos, en el mismo día, algo que es imposible, ya que debe haber un período en el que se sustancia el juicio de apremio.

Fuentes judiciales informaron que el perjuicio al erario público ocasionado ascendería a los 7 millones de pesos. El magistrado dispuso además que la fiscalía siga investigando si los contribuyentes -empresarios y particulares beneficiados con estas maniobras, sus abogados o gestores-tuvieron algún tipo de participación en las operaciones de lavado de deudas.

La resolución del juez de Garantías fue girada ayer a la Cámara departamental de La Plata para que sortee el Tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral y público.